El Grupo Legislativo “Recuperemos Nuevo León”, coordinado por la diputada Lorena de la Garza, cuestionó la postura de Movimiento Ciudadano (MC) frente a la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2025 y defendió la autonomía de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La bancada señaló que el proceso de fiscalización debe desarrollarse con base en documentos, pruebas y criterios técnicos, por lo que consideró necesario que las administraciones públicas respondan a las observaciones que, en su caso, determine el órgano auditor.

Ante los cuestionamientos de Movimiento Ciudadano sobre el proceso de revisión, el grupo legislativo planteó: “¿A qué le teme Movimiento Ciudadano y qué es lo que pretende esconder el gobierno del ‘fosfo fosfo’?”

Lorena de la Garza sostuvo que todos los gobiernos están obligados a explicar el destino de los recursos públicos y someterse a los mecanismos de fiscalización establecidos por la ley.

La legisladora local por Monterrey destacó que esta obligación también alcanza a la administración del gobernador Samuel García, cuyo ejercicio presupuestal deberá ser revisado mediante el procedimiento correspondiente.

De la Garza defendió las facultades de la Auditoría Superior del Estado y rechazó que las observaciones derivadas de las auditorías sean descalificadas antes de conocer y analizar formalmente sus fundamentos.

La diputada sostuvo que cualquier señalamiento realizado por el órgano fiscalizador debe ser atendido por las autoridades responsables con información que permita aclarar el uso de los recursos públicos.

“Las observaciones deben responderse con documentos y pruebas, no con descalificaciones anticipadas”, planteó la legisladora.

El grupo “Recuperemos Nuevo León” insistió en que ningún gobierno debe quedar al margen de la rendición de cuentas y consideró que la revisión de las Cuentas Públicas 2025 debe realizarse con transparencia e independencia.

La postura ocurre luego de la entrega al Congreso del Estado de los informes de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025, los cuales deberán continuar con el proceso legislativo de análisis.

La bancada reiteró que la fiscalización de los recursos públicos debe mantenerse como una herramienta institucional para garantizar que el dinero de los ciudadanos sea utilizado conforme a la ley, independientemente del partido que gobierne.